La Audiencia de Cuentas detecta 35 proyectos por 162 millones con ejecución cero entre 2019 y 2023

Un informe sobre las inversiones reales de 2019-2023

La Audiencia de Cuentas de Canarias detectó 35 proyectos de inversión que, pese a contar con una dotación presupuestaria acumulada de 162,8 millones de euros y haber tenido crédito en alguno de los ejercicios comprendidos entre 2019 y 2023, finalizaron el periodo fiscalizado con una ejecución de «cero euros». Así consta en el Informe de fiscalización de la ejecución presupuestaria del Capítulo VI «Inversiones Reales» de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicios 2019-2023.

El informe fue aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas el 30 de septiembre de 2025, según la propia institución. El presidente del órgano, Pedro Pacheco, presentó sus principales conclusiones en el Parlamento de Canarias.

La fiscalización analiza la ejecución de las inversiones reales durante un periodo que coincide prácticamente con la legislatura del denominado pacto de las flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y AHI), y pone el foco en la capacidad de la administración autonómica para transformar los créditos presupuestarios en obras, infraestructuras y equipamientos ejecutados.

Para ello, la Audiencia realizó un análisis específico sobre cuatro áreas que concentran buena parte de la inversión pública autonómica: Obras Públicas, Transportes y Vivienda; Educación, Universidades, Cultura y Deportes; Transición Ecológica; y Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

1.225 millones sin ejecutar

Entre las principales conclusiones figura que el Gobierno de Canarias dejó sin ejecutar 1.225 millones de euros del capítulo de inversiones reales durante los ejercicios analizados. Según la fuente del informe, la cifra concreta se sitúa en 1.225,7 millones de euros.

El grado de ejecución mejoró del 36,72% en 2019 al 58,53% en 2023. No obstante, la Audiencia considera que esos porcentajes siguen siendo reducidos si se comparan con otros capítulos del presupuesto y reflejan importantes dificultades para materializar las inversiones previstas. Se trata, según el informe, del capítulo con menor ejecución.

35 proyectos a cero euros

Uno de los datos más destacados es la existencia de 35 proyectos que tuvieron crédito presupuestario en los ejercicios analizados y que concluyeron el periodo con cero euros de ejecución, por un importe conjunto de 162,8 millones de euros. La mayor parte corresponde a proyectos viarios.

La Audiencia sitúa el origen del problema en la fase de planificación. El informe destaca que se presupuestan proyectos de inversión «sin el grado de madurez» necesario para asegurar su ejecución en tiempo y forma. En numerosos casos, las actuaciones se incorporan a los presupuestos sin disponer todavía de estudios previos, disponibilidad de suelo, proyectos técnicos redactados, autorizaciones administrativas o declaraciones de impacto ambiental, circunstancias que impiden iniciar su contratación o ejecución.

El peso de la financiación europea

El órgano fiscalizador explica que esta situación está estrechamente relacionada con el peso de la financiación exterior en las inversiones públicas. Aproximadamente entre el 60% y el 70% del capítulo de inversiones se financia mediante fondos europeos y otras aportaciones finalistas, lo que obliga a incorporar proyectos al presupuesto para cuadrar el estado de ingresos, aunque todavía no reúnan las condiciones para ejecutarse.

Según el informe, si un proyecto se consigna en el presupuesto sin cubrir tareas mínimas, «está condenado a alargar su ejecución más allá incluso que el marco temporal que establezca el fondo que lo financia, pudiendo dar origen a tener que devolver esa financiación afectada».

Dispersión administrativa y falta de personal

El documento también detectó que los proyectos que no están adecuadamente planificados tardan hasta 72 meses en contratarse, «en algunos casos por inmadurez de los propios proyectos de inversión, y en otros porque los centros gestores carecen de unidades de contratación estables y cualificadas». La Audiencia señala además la existencia de una «gran dispersión de unidades gestoras de contratos» y unos «recursos humanos muy escasos» en el área de Transición Ecológica, que demoran la elaboración de las declaraciones ambientales.

Entre las recomendaciones, el órgano plantea que los proyectos reúnan unas características mínimas (proyectos técnicos aprobados, disponibilidad de suelo, declaración ambiental o estudios previos) antes de su primera presupuestación, así como una reorganización administrativa que concentre y especialice las unidades de contratación en un gran centro gestor dotado de recursos humanos y medios tecnológicos.